Las costosas regulaciones Anti-lavado

Jaime Raúl Molina

En el combate del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, al principio se exigía a los bancos registrar y mantener la identidad de todo cliente. Luego se exigió a los bancos no sólo la verificación de la identidad de sus clientes, sino además que activamente se convirtieran en delatores de cualquier actividad sospechosa, aunque sólo remotamente, de estar relacionada al lavado de dinero. Esto se logró haciendo responsables legalmente a los banqueros, por el lavado de dinero que se realiza a través de su banco.Hoy día, el banquero sólo queda liberado de responsabilidad penal, si demuestra que ha usado lo que se conoce como la ‘debida diligencia’, en asegurarse que el cliente no estaba usando al banco para lavar dinero.

Esto, por supuesto, es algo muy difícil de hacer, puesto que ningún lavador de dinero va al banco y le dice al banquero “vengo a abrir una cuenta que usaré para lavar dinero.” Todo lavador de dinero miente al banquero (por definición, el lavado de dinero consiste precisamente en hacer aparecer como ‘limpio’ un dinero que es producto de actividades ilícitas.) ¿Qué tiene entonces que hacer el banquero?

El banquero tiene que averiguar los antecedentes comerciales, profesionales, empresariales, y en general, patrimoniales de su cliente. Tiene que hacerle preguntas incómodas sobre la naturaleza de su negocio, cuánto genera, desde cuándo está en el negocio en cuestión, etc., tan sólo para cerciorarse de que el cliente no está mintiendo. Y aún así, no puede confiar en lo que su cliente le dice, sino que tiene que buscar verificación por terceras fuentes, de lo que su cliente le ha manifestado.

Hoy día las regulaciones sobre control de lavado de dinero, específicamente las que aplican a bancos en Panamá, exigen una serie de controles onerosísimos a los bancos. Entre ellos, está la necesidad de nombrar a un ‘Oficial de Cumplimiento’, que tiene que tener categoría de ejecutivo, y no puede estar subordinado a la gerencia del banco, sino sólo a la junta directiva. Y más aún, se exige que el oficial de cumplimiento sea una persona que no tenga ningún contacto directo con clientes, ni tenga responsabilidades de ventas dentro del banco. Esto, supuestamente para garantizar su compromiso con el combate al lavado de dinero.

El problema con tal esquema es que crea una distorsión en las funciones del dicho oficial. Por un lado, al estársele vedado tener responsabilidades de venta de servicios bancarios, a este oficial del banco no se le mide su desempeño con base a ventas, rentabilidad, maximización de ingresos del banco. Se le mide su desempeño con base únicamente en el criterio de que evite, a toda costa, que se filtre algún cliente o transacción sospechosa que pueda poner en entredicho la reputación del banco. Aparte del hecho que ese oficial tiene sobre sí una responsabilidad que le puede llevar a la cárcel, si algo sale mal.

¿Qué resulta de esto? Pues que los oficiales de cumplimiento en los bancos en Panamá se ven a diario forzados a poner obstáculos al desarrollo del negocio dentro del banco. Aunque entienden que el banco como empresa tiene que asumir ciertos riesgos, el oficial de cumplimiento mismo tiene sobre sí una espada de Damócles que lo lleva a ser desproporcionadamente averso a la asunción de riesgos. Sencillamente porque sabe que si el potencial cliente o la potencial transacción sale bien, la palmadita en la espalda no será para él, sino para el banquero que procesó la transacción o atrajo al nuevo cliente, en tanto que si algo sale mal, por pequeño que sea, el responsable directo será él mismo (el oficial de cumplimiento.)

Las regulaciones sobre lavado de dinero, lamentablemente, son el resultado de presiones internacionales sobre nuestro país. Y han perjudicado seriamente al sistema bancario, por cuanto aumentan considerablemente los costos del negocio, en tanto que reducen la gama de negocios bancarios atractivos para los bancos. Y lo peor de todo es que la enorme mayoría de los reportes de transacciones “sospechosas” resultan ser, luego de las investigaciones, transacciones totalmente legítimas.

Esto confirma que se trata del fenómeno de tirar una atarraya gigantesca para atrapar unas pocas sardinas. Y quedan entonces pagando justos por pecadores, ya que los costos de estas regulaciones al final las pagamos todos, puesto que se encarece la prestación de los servicios bancarios y por tanto se reduce la gama de estos servicios que se ponen a disposición de la población.

Ante esto, más temprano que tarde tendremos que preguntarnos si realmente vale la pena seguir siendo más papistas que el Papa.

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